Por Michel Monserrat Lic. en Historia, UCSC
Recientemente el diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social, fue entrevistado por CNN sobre las cuestiones que vive la educación pública. En una ocasión, aseguró que “fracasó (…) la visión neoliberal de la educación que tenía que ser como un mercado, en que unos competían con otro como oferentes de zapatillas”. Lo que está realizando el diputado Winter con está declaración es caricaturizar una visión que en la práctica no tiene lugar. Primero, porque si la educación de nuestro país realmente persiguiera esta visión, que imagino se refiere a una visión de mercado, el lucro no estaría en constante tela de juicio —como si la educación no significara un bien económico, y quienes la imparten, y reciben de manera “gratuita”, no lucran con ello—; y segundo, porque es él mismo quien en un momento de la entrevista reconoce que en el parlamento se discute un proyecto en el cual se propone que la educación se pueda financiar a través del “sistema de váucher educativo”.
Ahora bien, ¿qué es el sistema de váucher educativo? Es un mecanismo de financiamiento individual de tipo subsidiario para las familias que no son capaces de pagar la educación, privada o pública, de sus hijos. Es decir, es un sistema que financia el sector demandante de educación. Este método fue planteado por el Dr. Milton Friedman durante la década de los años 50 y que ha sido aplicado en países como Suecia, Corea del Sur, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, entre otros. No vale la pena remarcar que todos estos países poseen estándares de desarrollo humano “muy alto”, según IDH, y en que sus sistemas educativos son considerados como exitosos. El váucher lo que busca es subsidiar a los padres a través de un cheque que solo tiene validez para gastos de colegiatura de su hijo, es decir, no se puede gastar en nada más que no sea para pagar la mensualidad del alumno. Lo extraordinario de este sistema es que el poder en la decisión y el proyecto educativo del alumno cae en manos, única y exclusivamente, del padre. De esta manera, serán los padres quienes decidan (según estimen la calidad en la oferta del colegio) si vale la pena que su hijo se eduque en el establecimiento. Este es el sistema que propone Milton Friedman, en donde la educación se incorpora a la ley de Oferta y Demanda, y en que serán los colegios los que deberán competir entre ellos para ganar el favor y las preferencias de los padres. Este tipo de enfoque hacia la demanda libera todo tipo de responsabilidad pública en cuanto a estimar la calidad se refiere, ya que, al ser un sistema que funciona bajo los mecanismos de mercado, será el demandante quien, bajo sus preferencias subjetivas y absoluta responsabilidad, determinará si lo que se le ofrece cumple o no con lo que desea. Y no solo eso, en términos económicos, el hecho de que la educación compita como lo hace el mercado libre permite la posibilidad de que se genere cálculo económico, es decir, la posibilidad de que se establezcan precios de mercado dadas las preferencias relativas de escasez por parte de los consumidores. Es decir, el cálculo económico no solo coordinará los precios de la colegiatura, sino que, además, el salario de los profesores, puesto que su labor será evaluada por la demanda y coordinando su relación de escasez (quienes sean mejores, serán los más escasos). Por tanto, a mayor preferencia, mayor será la valoración salarial.
Lo que el diputado critica es precisamente lo opuesto de lo que ocurre en Chile. En nuestro país se financia la oferta. Los colegios hoy en día reciben dinero directamente del Estado, que financia de acuerdo a la cantidad de alumnos, tergiversando la lógica del fin, la cual es mejorar la calidad de la educación, por una en que lo que se persigue es aumentar el plantel de alumnos para recibir mayor financiamiento —utilizándose esos dineros en quien sabe qué asuntos—. En efecto, en una oportunidad de la entrevista el diputado señala que el proyecto que se discute en la cámara, bajo su mirada y el de su conglomerado, es erróneo, puesto que se enfoca en potenciar la demanda y no la oferta. Para Winter lo importante es potenciar el flujo de financiamiento a la oferta. Este tipo de enfoque ha dejado demostrado que es ineficiente y genera toda la serie de problemas que hemos visto, paros, inconformidad docente, baja calidad, ineficiencia en la utilización de los recursos, etc. Asimismo, el dinero al entrar directamente al establecimiento degenera en una constante relación dependencia hacia el Estado y no hacia aquellos que demandan educación. Y es que como se dice: “quién pone el dinero, pone las reglas”.
Aquí es donde se hace necesario analizar cuestiones de doctrina ideológica. Lo que el diputado plantea, aunque no lo diga, es que la educación pública debe crecer y si fuera posible, predominar en el universo educativo del país. Cabe preguntarse ¿esto es correcto? No, simplemente no lo es. La educación no puede planificarse centralmente bajo cuatro paredes por burócratas, la educación persigue fines diversos, únicos y privativos de quien lo demanda. Si la educación dependiese cien por ciento del Estado eso significaría que lo que debemos aprender, saber, criticar y reflexionar dependerá de lo que un grupo de políticos considera que es necesario. No olvidemos que uno de los elementos esenciales que dieron a Occidente su grandeza fue la crítica y el debate, la confrontación de ideas. Si el Estado controla la educación de su población, al fin y al cabo, se perseguirán los fines determinados por burócratas, de acuerdo a cuestiones que estos estimen conveniente. Por tanto, lo que Winter nos está diciendo es que es él junto al aparato estatal quienes saben perfectamente cuales son las necesidades educativas de las personas, y no quien la demanda, ¿no parece algo arrogante la posición del diputado?
Por razones de eficiencia económica y consecuencia ética (la búsqueda libre del saber según los fines que se persiguen) la educación privada debe ser la encargada de educar a los demandantes, siendo el Estado, en este ámbito, minoritario.
Es necesario, por tanto, cambiar el enfoque de nuestra educación, convertirla en un sistema de constante competencia, ya que, si el dinero está en las manos del consumidor, solo él y nadie más que él sabe mejor como utilizarlo. Consideremos que, según cifras compartidas por La Tercera en 2018, Chile es el país que más invierte en educación escolar en la región[1], alcanzando unos US$4.074 promedio por alumno anual, entre educación básica y media. Es decir, aproximadamente $231.500 mensuales por alumno.
El váucher educativo entrega el poder y la responsabilidad a los padres, serán ellos quienes tendrán la tarea constante de evaluar, de acuerdo a sus intereses y preferencias, la calidad de la educación que recibe su hijo. Y es que quienes realmente están interesados en la educación de los niños y jóvenes son los padres, no el Estado. Y, por otra parte, los establecimientos al no tener la entrada de dinero asegurada se verán obligados a competir con los demás a través de la mejora constante de la oferta.
Si el diputado Gonzalo Winter considera que este sistema es perjudicial para nuestro país, tendría que revisar cómo les ha ido a los países en los cuales se ha implementado.
[1] https://www.latercera.com/nacional/noticia/chile-la-mayor-inversion-alumno-14-paises-la-region/410641/, consultado el 2 de julio de 2019.