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Velar por lo justo: Tribunal Constitucional y lucro en la educación

Updated: Jun 18, 2018

Por Daniela Carrasco Varas


“El Estado, el gobierno o las leyes no tienen que intervenir de ningún modo en la escolarización o en la educación. Los fondos públicos no deben destinarse a tales fines. La crianza y la instrucción de la juventud deben recaer enteramente sobre los padres y sobre asociaciones e instituciones de carácter privado”. -Ludwig Von Mises

La importancia de la educación es un tema menester. Si bien se debe abocar a mejorarla desde sus cimientos, es decir desde la edad pre-escolar, la discusión que ha acontecido a Chile en la última semana convoca a la educación superior. Esto es debido a que se dio a conocer el fallo del Tribunal Constitucional en relación al artículo 63 de la Ley de Educación Superior que buscaba eliminar en totalidad el hecho de incluir sostenedores con fines de lucros, independiente si éstos son personas naturales o jurídicas.


El Tribunal Constitucional lo dictó como un artículo inconstitucional, y lo justificó porque la norma que se buscaba imponer coarta la libertad de enseñanza y organización que se encuentra respaldado en nuestra Constitución. Sin embargo, la nueva oposición declara que esta es una medida política que busca hacer caer la nueva ley. Sin embargo, no ven que el alma de la discusión ha perdido el rumbo.


La educación es el pilar de toda sociedad, es donde se cultiva las futuras mentes. “La filosofía del aula en una generación será la filosofía del gobierno en la siguiente” diría Abraham Lincoln, y cuánta razón tuvo; por esto no se debe tomar a la ligera. En Chile la discusión sobre educación estalló en el año 2006 con la “Revolución Pingüina” la cual buscó negociaciones con respecto a la educación media. Posteriormente en el año 2011 vemos como ésta evoluciona en relación a demandas para la educación superior, las cuales rechazan claramente el sistema educacional chileno debido a su origen en el Gobierno Militar.


Entre sus primeras premisas era buscar una “Educación de Calidad” junto a otros adjetivos como gratuita, sin lucro, libertad de cátedra, entre otros. Sin embargo el foco de las demandas ha progresado a una demanda política, ciega, en favor de la agenda izquierdista, la cual cohesiona con el resto de sus demandas sociales, con las cuales han tratado de posicionarse en la Opinión Pública como la opinión de una “mayoría”.


Desde entonces la ley de educación superior ingresó al Congreso en primera medida impulsada por grupos de presión, y en segunda tomada como bandera por algunos partidos políticos.


Dado el resultado del fallo del Tribunal Constitucional el pasado 27 de marzo, la institución amaneció con estudiantes encadenados a ella como respuesta contestataria, acusándolo de ser una tercera cámara política, que está a favor de los que lucran. Pero lo que no reparan es que es la labor del Tribunal Constitucional sancionar toda medida, artículo y ley que no sea constitucional y no siga el alma de ésta.


Más aun lo que no se entiende es por qué demonizan el lucro, siendo que éste tiene más externalidades positivas que negativas.


Primero, que existan personas naturales o jurídicas que lucren incentiva que exista una competencia por entregar mejor educación –calidad-, esto da paso a que exista libertad de enseñanza y cátedra –una de las premisas en la ola estudiantil del 2011- ya que se busca suplir todos los intereses de la ciudadanía, pues dentro de una sociedad los intereses, habilidades y talentos son diversos. Esto es debido a que no se sigue una lógica de una educación única establecida por el aparato estatal, el cual no busca más que cumplir con el lobby zurdo.


Sólo para entender este ejemplo tenemos cómo la federación de la Universidad de Chile (Fech) ha tratado de hacer adoctrinamiento a través de instructivos en la agenda que se entregó a alumnos de primer año detallando cómo hacer un aborto con misotrol –es decir, ni siquiera bajo los cuidados de un médico especialista, es decir seguir buscando la insalubridad y el riesgo de la mujer-, y además esta agenda trae stickers políticos como “No+AFP”, “El machismo mata”, “La educación no se vende”, “LGBTIQ+”, tratando de imponerse como la única opinión, la única ideología válida. Este ejemplo es la evidencia de porqué prohibir el lucro es tan peligroso, pues sólo la ideología políticamente correcta o de moda será la que se enseñe y adoctrine.


Deben existir incentivos para que los sostenedores impartan las más diversas escuelas dentro de todas las carreras que existen. La palabra lucro viene del latín lucrum que significa beneficio, y eso nos hace entender que éste no sólo es para los sostenedores, porque también es un beneficio para los mismos alumnos, y para los futuros que ingresarán a la educación superior.


Es un hecho que distintas universidades privadas, que son acusadas de lucrar, han mejorado inmensamente en infraestructura, existe la posibilidad traer a mejores profesores, en generar investigación, y crear un mejor ambiente no sólo para estudiantes sino también para docentes y trabajadores. Aunque claramente han existido casos de instituciones de educación superior que los excedentes sólo se van para el bolsillo de los sostenedores, que no garantizan ni calidad de educación, ni mejoras en la infraestructura, estos malos casos de abusos y usura es lo que sí se debe sancionar, pero, si una universidad cumple con la oferta educativa demandada, con buenos docentes y buena infraestructura para facilitar el estudio y la vivencia del día a día de los estudiantes, ¿por qué legislar contra ello?


La intención de la mayoría circunstancial es acusar al Tribunal Constitucional como un órgano político, empero sólo hacen un juego en su discurso: posicionar a ésta institución que es de carácter jurídico y no político, culpando de detener los procesos legislativos que según ellos son la voluntad de la ciudadanía en su totalidad; ésto es erróneo pues es autónomo e independiente del color del Gobierno, donde de los diez miembros sólo tres son designados por el Presidente de la República, tres por la Corte Suprema, dos por el Senado y dos por la Cámara de Diputados.


Debido al origen de cada uno de sus miembros, se puede entender por qué la tesis de que el TC es un órgano político es errónea.


Primero vemos que los designados por el Congreso deben ser conciliadores de ambas bancadas, más moderados y no de ideas extremas en el eje derecha-izquierda, pues son elegidos por votación de todo el Congreso. Los miembros provenientes de la Corte Suprema evidencian algo parecido. Éstos por su origen son de carácter jurídico en desmedro del político, viendo la tecnicidad y aplicabilidad de cada proyecto de ley.


Sólo se podría acusar que tienen una tendencia política a los miembros del TC designados por el Ejecutivo, pero éstos representan sólo a tres de diez. Además, si alegan por el tema del origen del TC, se les debe recordar que la reforma a la Constitución en el año 2005, la cual tiene la firma de Lagos, buscó precisamente eso: buscar un órgano imparcial, reduciendo la tendencia política de los miembros. (Ciper, 2017)


El fallo del Tribunal Constitucional, seis en contra cuatro, representa más del cincuenta por ciento. Y debido al origen de los miembros es una ignorancia acusarlo como una tercera cámara política.


Quizás quienes impulsan estas leyes deberían hacer un estudio más riguroso acerca nuestra Constitución, y crear proyectos de ley bien fundados, y no sólo redactar las frases pegajosas que gritan y bailan en cada una de sus marchas. Mientras aún tengamos libertad de enseñanza y cátedra, aún podemos tener esperanzas de que se puede legislar en educación en temas relevantes, cómo la calidad de ésta, sin dejar de lado la educación básica, y pre-escolar, pues como diría Federic Bastiat: "La finalidad de la ley está en impedir el reinado de la injusticia" y para eso está el Tribunal Constitucional.


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