Por Cristian Mancilla
No cabe duda de que el Rechazo vencerá en las urnas del plebiscito del 26 de abril, pero este triunfo democrático no significará el fin del proceso para reemplazar la Constitución política de Chile. Quid ergo miramini, togati uulturii?: ¿de qué se sorprenden, buitres con toga? Tal como ha ocurrido con el Brexit del Reino Unido o con el proceso de paz en Colombia, el triunfo del Rechazo, respaldado ampliamente por la ciudadanía, no hará más que dirigir a los políticos hacia la búsqueda de fórmulas alternativas para acometer lo que ya han decidido que harán. Nuestras voces no están para ser escuchadas si no repiten lo que ellos han decidido de antemano que vamos a decir. ¡Claro que no! ¡Faltaba más! Y hay dos caminos institucionales para llevar a cabo esta meta ya definida: uno más conservador y otro más descarado.
El camino más conservador consiste en que los miembros del Congreso harán uso de las facultades que ya les concede la Constitución para aplicar las reformas impulsadas por la Mesa de Unidad Social (artífice del levantamiento terrorista y sucursal del Partido Comunista): que el Estado Subsidiario se convierta en Estado Benefactor, que el derecho de propiedad deje de estar garantizado, que los fondos de pensiones sean expropiados, que el Tribunal Constitucional deje de existir, etc. De esta manera, seguirán con una tendencia que fue iniciada por el propio presidente Piñera cuando decidió imitar al desesperado Ceauşescu y ofreció un paquete desmedido, irreal, de beneficios con costo al bolsillo fiscal. El hecho de que el Congreso tiene las atribuciones para aplicar los cambios exigidos por el levantamiento terrorista ha sido utilizado como argumento por quienes respaldan la opción del Rechazo, pero se convertirá en una realidad amarga que facilitará la transformación de Chile en un satélite del socialismo internacional. Y no será una novedad, por cierto, puesto que las reformas en este sentido y con este método ya han comenzado: así fue como se instituyó, por cierto, el mismo plebiscito de abril.
El camino más descarado consiste en que los políticos exigirán que el resultado de la segunda consulta, sobre el tipo de órgano que redactará la Constitución reemplazante, sea honrado. En efecto, habrá ganado el Rechazo; pero también habrá ganado una de las alternativas de la segunda consulta: Convención Mixta o Convención Constituyente. Los miembros del Congreso están haciendo campaña por la Convención Constituyente, de manera que resulta fácil prever el triunfo de la Convención Mixta. Y, aun cuando ellos harán el ademán de negarse a integrarla, igualmente accederán a hacerlo «por el bien del país» y por el deber de observar los resultados del plebiscito. Los políticos caerán, así, en una contradicción patente, puesto que ignorarán el resultado de la primera consulta (Rechazo), pero se mostrarán comprometidos por completo con el resultado de la segunda (Convención Mixta). De esta forma, operarán el proceso para reemplazar la Constitución legítima de una u otra manera.
El Reino Unido aloja, todavía, una nación civilizada y esto ha permitido que, aun cuando sea tarde, el resultado del Brexit será respetado. En Colombia, el proceso de paz —o de integración política de las FARC— estuvo sometido a un plebiscito que expresó la oposición del pueblo colombiano, pero que no fue respetado. Chile se ha distinguido de sus pares hispanoamericanos en virtud de sus buenos índices económicos desde fines de los ochenta; pero culturalmente no es tan germánico como el Reino Unido, de manera que sus políticos no tendrán reparos en simplemente ignorar el resultado de la votación para seguir haciendo lo que ya decidieron hacer durante octubre de 2019. Este es el futuro que nos espera y no debe resultar sorpresivo para ninguno —salvo para los políticos, que viven asombrosamente desconectados de la realidad nacional—: el Rechazo vencerá en abril, pero los políticos encontrarán una u otra manera de seguir adelante con el reemplazo de la Constitución legítima.
El triunfo del Rechazo resulta previsible no solo por la amplia diferencia a su favor que muestra la mayoría de las encuestas tanto formales cuanto informales, sino porque esta es la alternativa que refleja el espíritu chileno: el espíritu del respeto por lo legítimo a pesar de lo comprensivos que somos con quien se salta las reglas, el espíritu de la continuidad, el espíritu de la sobriedad de carácter (que no etílica), el espíritu de resistencia a las imposiciones excesivas —puesto que el reemplazo de la Constitución legítima es una imposición de los políticos y, aun cuando toleramos muchas otras, esta va demasiado lejos—, el espíritu precavido y el espíritu pacifista (siglos de guerra nos han inclinado más hacia las negociaciones que hacia la confrontación). La opción del Rechazo, pues, es el reflejo más preciso de lo que Chile prefiere. Los políticos no lo entienden y seguirán, por lo tanto, con su proceso constituyente como si nada. Lo extraordinario sería que la ciudadanía los obligue a respetar este resultado. Y, como lo extraordinario ha resultado tan cotidiano desde que comenzó el levantamiento terrorista, esperemos que se exprese a favor de la ciudadanía en esta oportunidad.
Los encapuchados terroristas intensificarán las violaciones de DDHH que han practicado sistemáticamente desde octubre pasado cuando el Tribunal Electoral haya hecho público el triunfo del Rechazo: lo harán como una manera de amedrentar a los ciudadanos y a los políticos, puesto que así mismo han conseguido los aborrecibles cambios que hemos debido soportar hasta ahora. Tampoco hay novedad en cuanto a esto: tanto así, que incluso el Presidente del Senado lo ha reconocido abiertamente. Esto no sería un problema si tuviésemos reconocido el derecho de la legítima defensa en Chile, pero el gobierno ha demostrado mucha más dedicación en perseguir a quienes la ejercen —tanto uniformados cuanto civiles— que en desbaratar el levantamiento terrorista.
Nos enfrentamos a un futuro penosamente previsible y a unas condiciones que, desde ya, resultan lamentables: de una pobreza tremenda en comparación con, al menos, los últimos dos decenios. No tenemos, todavía, la obligación de hacer todo lo que los políticos nos dicen, así que podemos aprovechar los últimos estertores de libertad para hacerles saber que no nos estamos sometiendo de buen grado. Pero ojalá y nos alcanzare la fuerza también para torcerles la mano y acabar con el levantamiento terrorista, con el proceso constituyente y con la persecución de la legítima defensa. Así recobraríamos, verdaderamente, la dignidad que nos quitaron los políticos en la ley y los encapuchados en la calle.