Por Exequiel Cáceres
Entre todas las iniciativas para paliar la crisis económica del COVID ha habido una que ha sido jaqueca para el gobierno: el retiro del 10% de los fondos de las AFP. La Cámara de Diputados con 95 votos a favor aprobó dicha iniciativa y se está a la espera de la votación del Senado.
La votación evidenció varios fenómenos de la política chilena: tensión máxima en el oficialismo (especialmente RN), una extraña defensa acérrima del derecho de propiedad de la izquierda y un divorcio creciente entre la política y la técnica. Me concentraré en analizar este último aspecto.
Me cuesta pensar en una política tan regresiva y dañina para la economía chilena en los últimos meses. El proyecto contempla aproximadamente un mínimo de 1.000.000 y máximo de 4.300.000 que los afiliados pudiesen retirar, con la posibilidad de retirar la totalidad de sus fondos si estos son menores a 1.000.000 y de retirar el % necesario si es que el 10% de lo ahorrado es menor a 1.000.000. Respecto a la devolución del monto entregado, este se reparte entre cargo al empleador (cotización) y un fondo solidario del Estado.
Las reacciones en el mundo político han sido vergonzosas. El presidente de la DC Fuad Chahín decía que “hoy se empieza a poner la economía y la tecnocracia al servicio de la persona” y el diputado ex-UDI Álvaro Carter que “la economía no se construye en base a números”. Lo que parecen no entender ambos parlamentarios es que diseñar políticas públicas exclusivamente en base a emociones populistas pasajeras, buscando aplauso fácil y ridiculizando el rigor, tiene consecuencias muy graves, especialmente para los más vulnerables.
La clave del problema se encuentra en que en un escenario donde el COVID ha destruido todo incentivo a invertir, aniquilado 1.5 millones de empleos y paralizado el país, de lo que se trata es de reactivar el flujo económico. El gobierno entendió esto y ha logrado un esquema de créditos y subsidios que alivian la crisis. Ahora bien, un retiro de fondos de las AFP implica que las administradoras deberán extraer dinero del sistema financiero chileno (aproximadamente $15.000 millones según JP Morgan –suponiendo que el 100% retirase sus fondos-), lo que presiona las acciones a la baja y debilita el sistema financiero, que es precisamente donde se determinan las pensiones chilenas. Es decir, como resultado de retirar sus fondos muchos chilenos verán sus ahorros caer, además de que, como indicaba Fernando Larraín –gerente de las AFP-, aproximadamente 3 millones de afiliados quedarán sin ahorros.
Vale decir que ninguno de los principales economistas que aportaron al debate (estando a favor o en contra) consideró que el retiro fuese devuelto en parte o totalmente por el Estado. Desconocer eso supondría vivir, tal como dijo Joseph Ramos, “en el mundo de Bilz y Pap”. Lamentablemente nuestros políticos parecen vivir allí.
Por supuesto que no todo son números. Los humanos, especialmente en momentos tan críticos como estos, nos guiamos por emociones y tomamos decisiones con la cabeza caliente. Pero precisamente ahí radica la responsabilidad de dirigir un país: tomar decisiones racionales en tiempos de crisis, y la clase política chilena demostró no estar a la altura de dicha tarea una vez más. La emoción popular que dicen defender se tornará frustración cuando millones de chilenos vean que la élite política tomó una decisión que los condenará a pensiones aún más miserables.