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La Revolución de la Ignorancia

Por Cristian Mancilla

La crisis de vandalismo, violencia, robos masivos y asesinatos que empezó en Chile el 18 de octubre está fundada sobre el conocidísimo efecto Dunning-Kruger, del cual nadie parece sentirse víctima. Las razones esgrimidas por quienes respaldan la asonada son de tres órdenes: 1) las que se refieren a una situación desmerecida para quienes viven en Chile, 2) los abusos cometidos por autoridades o por privilegiados y 3) la persistencia de un sistema político inválido. Todas estas razones, no obstante, son falsas o infundadas y no merecen ser tomadas en cuenta. Primero, no hay una situación desmerecida en Chile: nadie muere de hambre y, más aún, tenemos el menor índice de pobreza y el mejor índice de calidad de vida de toda América Latina. Segundo, todos los abusos denunciados caen en una de tres categorías: a) no son abusos, sino que situaciones que no son bien comprendidas por quienes las denuncian—como los casos de «colusión», que ni siquiera pueden llamarse así si leemos el diccionario; b) son abusos ficticios que han sido apropiadamente desmentidos—el supuesto fraude al Banco de Talca por Sebastián Piñera, o c) son abusos reales que han sido apropiadamente sancionados—el caso de la tienda La Polar. Tercero, el sistema político es perfectamente válido dentro de las lógicas estatistas: no hay motivos suficientes para sostener que el sistema deba ser reemplazado por otro, puesto que no impide que las personas disfruten de sus derechos básicos y contiene mecanismos para subsanar esta posibilidad.



No obstante lo anterior, la gente cree que Chile tiene una desigualdad desmedida, la gente cree que la corrupción es la más escandalosa del mundo, la gente cree que el sistema político no cumple con un estándar mínimo. La única conclusión a la que puedo llegar desde estas observaciones es que la gente está equivocada. Así de simple. Y ha decidido incendiar el Metro, saquear locales comerciales y asesinar personas sobre la base de estas razones equivocadas. Están convencidos de que su conocimiento es real, fáctico, empírico. Se comportan, pues, como cualquier individuo que sufre el efecto Dunning-Kruger. Y no hay caso con tratar de hacerlos entender: no escuchan razones, desprecian los datos empíricos y acomodan todas las interpretaciones. Así que, evidentemente, este texto no está dirigido a ellos: no en este instante, al menos.


Detener la insurrección


Es cierto que la revolución ha mostrado dos facetas en cuanto a su carácter violento: por una parte, están los terroristas que realizan el trabajo efectivo de destruir la propiedad y agredir a las personas; por otra, están los manifestantes pacíficos que cumplen la misión de blanquear las acciones de los terroristas, de manera que efectivamente la prensa los interpreta como «descolgados» o vándalos que están aprovechando la situación de una protesta pacífica para cometer sus fechorías. Pero la interpretación más plausible es la opuesta. Y, como el origen de la rebelión está en la actuación de los terroristas, bastaría con desbaratar su organización para que el movimiento completo cesare, puesto que el ala «pacifista» no tiene sentido si no hay actos vandálicos para cubrir y, especialmente, si no hay una voz anónima que convoque las congregaciones o marchas. El gobierno, si quiere acabar con la insurrección, debe concentrarse en identificar la estructura y las identidades que conforman los terroristas, de manera que pueda neutralizarlos: este procedimiento pondría fin a todo el levantamiento orquestado por ellos.


El gobierno ha respondido de manera tímida ante las amenazas contra los derechos básicos de los ciudadanos, de manera que los terroristas han tenido muchas oportunidades de seguir atropellando estos derechos: han cortado calles, han causado incendios, han agredido y herido personas. La acción de la fuerza pública logró aplacar el salvajismo inicial de los terroristas, pero su intervención ha significado un sinfín de acusaciones infundadas contra ella. La principal acusación es la de haber causado heridas oculares en manifestantes pacíficos. Estas acusaciones levantan sospechas, no obstante, puesto que solamente se fundan en testimonios orales y no en pruebas empíricas que las demuestren, acusan la utilización de perdigones en personas cuyas heridas oculares no están rodeadas de otras heridas (como cabría esperar en el caso de perdigones), registran un número de víctimas excesivo y hay manifestantes armados con hondas y armas de fuego, quienes pueden haber causado lesiones en otros. En este sentido, la gente ha vuelto a mostrar cómo el efecto Dunning-Kruger actúa sobre ella al admitir como ciertas todas las acusaciones contra la fuerza pública, aun cuando no exista más que un testimonio para respaldarlas, y, más aún, al proponer que las acusaciones contra terroristas y manifestantes se fundan sobre montajes de la fuerza pública (!).


Los pasos del gobierno


En sintonía con esta timidez en la actuación de la fuerza pública, el gobierno ha cedido a todas las demandas políticas del movimiento insurreccional y probablemente terminará cayendo a causa de que ha perdido casi todo su capital político: la oposición no valorará lo que haga y el oficialismo se decepciona de las medidas que está tomando. Hermógenes Pérez de Arce observó este patrón de comportamiento desde el año 2011 y resulta sorprendente la exactitud con la que lo vemos repetido ahora. El gobierno empezó por prometer más impuestos y más subsidios, los cuales elevarán el índice de pobreza (una de las supuestas causas de la insurrección). Recientemente, anunció que habilitará un mecanismo para cambiar la Constitución. Con cada anuncio, la rebelión parece tomar más fuerza. Esto señala que el movimiento no está fundado en las razones esgrimidas, sino en una mera intención de lograr que caiga el gobierno para que un grupo específico tome el poder: los principales sospechosos, entre los grupos políticos, son el Partido Comunista y el Frente Amplio, puesto que ellos han incitado abiertamente el desorden público.


La llave maestra para evitar el desplome político está en apegarse al programa de gobierno y en defender el modelo político y económico que ha traído la mayor prosperidad material del país desde su fundación en 1541. Esta estrategia, conjugada con la concentración sobre el desbaratamiento de la red terrorista que destruye la propiedad al tiempo que coordina las manifestaciones, pondría fin a la asonada y nos devolvería la paz de la que hemos gozado desde el fin de la Transición (1990). El problema de esta estrategia está en que requiere una personalidad o una determinación distinta de la del presidente: él no parece capaz de tomar este tipo de decisiones, pero ojalá y escuchare mi consejo.


Violaciones de DDHH


Como parte de su estrategia para debilitar al gobierno, tanto los manifestantes cuanto los representantes políticos de oposición han denunciado que la fuerza pública está cometiendo violaciones contra los derechos humanos al reprimir las protestas. Esta acusación puede quedar invalidada de inmediato cuando constatamos que la fuerza pública debe cumplir con el deber de proteger los derechos del resto de la población y que no resulta posible hacer esto sin hacer uso de la fuerza física contra quienes obstruyen el tránsito y destruyen los bienes. Pero la izquierda tiene una estrategia que ha utilizado por años: oculta que haya habido tales atropellos y se focaliza exclusivamente sobre el método utilizado por la fuerza pública para neutralizarlos, de manera que parezca como si ella hubiese actuado sin una razón de por medio. La estrategia resulta efectiva, por cierto: tanto como para tener a varios exuniformados cumpliendo injustas condenas sin evidencia empírica que los relacione con delito alguno.


Pero lo que más llama mi atención sobre estas denuncias son las contradicciones que pone en evidencia. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos ha descartado que el gobierno haya cometido violaciones contra los DDHH en virtud de que los abusos cometidos por la fuerza pública no han sido sistemáticos. Pero las voces de la izquierda claman que él está equivocado: no estoy seguro de si lo dicen porque consideran que los atropellos sí han sido sistemáticos o porque estiman que no hace falta tal característica para configurar una acusación de atropello contra los DDHH. Estas voces han insistido durante años sobre su criterio de que las violaciones contra los DDHH solamente ocurren cuando los derechos fundamentales son atropellados por agentes del Estado. Sobre la base de este criterio, afirman que tienen una diferencia moral insalvable con quienes no condenan estos atropellos. Pero resulta que este criterio los lleva a considerar que, por ejemplo, lo ocurrido en Auschwitz no es horrible por los tratos que recibieron los prisioneros, sino solo porque fueron cometidos por agentes del Estado: si se hubiese tratado de una secta o de la mafia, sería un crimen como cualquier otro y no ameritaría ninguna condena especial. Entonces, tampoco les interesa lo que haya ocurrido con un detenido desaparecido: solamente les importa que lo haya secuestrado un agente del Estado. La calidad moral de estas personas queda sumamente cuestionada cuando nos damos cuenta de que aplican un criterio como este.


Su criterio resulta contradicho no solo por sentencias del Poder Judicial contra instituciones privadas acusadas por causas de DDHH, sino que por el propio sentido común: ¿cómo podría ocurrir que los DDHH, expresados positivamente en la DUDH, no estén siendo vulnerados cuando son explícitamente atropellados por personas particulares o por instituciones privadas?


Derechos fundamentales


Me parece ver, en este fenómeno, otra manifestación del efecto Dunning-Kruger, como en el resto de los fenómenos de la presente revolución. Yo no puedo compartir ni las demandas ni los métodos utilizados por los terroristas que la lideran. No solamente por el carácter irracional de sus demandas, sino también por la diferencia irreconciliable que tenemos en cuanto a los derechos fundamentales, por cuanto ellos consideran que los derechos tienen una jerarquía y yo rechazo que esto sea posible. En efecto, los insurrectos y sus simpatizantes consideran que algunos derechos son más importantes que otros y que hace falta un examen para decidir cuándo debe prevalecer uno y cuándo debe prevalecer otro. Mi visión, en cambio, es que ellos no tienen jerarquía y, por ende, no es posible elegir uno por sobre otro en alguna situación. Esta diferencia hace que nuestras discusiones resulten prácticamente imposibles de resolver.


Mi visión está fundada sobre dos principios morales básicos que operan de manera conjunta: el principio de no agresión y el principio de reciprocidad. De acuerdo con ellos, nadie puede atentar contra la vida, la libertad o la propiedad de otro y, además, cada uno debe reconocer esta garantía en los demás para no negarla en su propia persona. En virtud de lo anterior, nadie puede utilizar su propio derecho a la vida como una excusa para mermar la propiedad de otro. Esto no se debe a que la propiedad sea más importante que la vida (como si hubiese una jerarquía entre ellas), sino a que ambas tienen el mismo nivel en cuanto derechos humanos básicos: así lo reconoce la propia DUDH 30. Pero los terroristas y sus simpatizantes tienen otra opinión.


La presente revolución, pues, se funda sobre razones y sobre valores equivocados. Esto no hace que esté destinada a fracasar, no obstante. Al contrario, está siendo sumamente efectiva y exitosa hasta ahora. Pero yo sí espero que fracase y que podamos revertir todo el mal que ella ha causado para que podamos seguir avanzando hacia un mayor bienestar general por medio del respeto de los derechos fundamentales.

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